La minería trajo cambios relevantes para las dinámicas sociales en las comunidades donde tuvo su eje de acción, una de estos cambios fue la estructura del tejido social la cual se entiende según Dáguer (2011) como:
el grupo de individuos que en su relación con el espacio construyen una cultura. Es decir, es un grupo de individuos en un lugar determinado que se identifican y se relacionan entre sí [,] por medio de una forma de vida que han creado a partir de su participación en la construcción del espacio que habitan, y que por lo mismo pertenecen, apropian y transforman el espacio. (p.23)
De manera que las interrelaciones complejas las cuales se crearon con el tiempo vieron cambios por factores externos a sus propias dinámicas, entre estos cambios fue la transformación de su entorno, el cambio en los paradigmas predispuestos por la comunidad para la resolución de sus conflictos y las dinámicas en que se relacionaban, creando una desestabilidad al no tener una visión sostenida de la cosmovisión de la población en ese territorio.
El proyecto minero fue un factor de conflictividad ya en el marco de la post-minería en el municipio San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, existen grupos beligerantes que se derivan de las corrientes opositoras dentro de la guerra civil en Guatemala. Todos ellos emergen en la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), tras la desmovilización que propuso la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a los insurgentes, surge un movimiento de resistencia con actores principales como son el Frente a la Represión en Guatemala contra los pueblos y el saqueo de Recursos Naturales (FRENA), que desde el año 2002 fue creado por las comunidades indígenas de la etnia Mam y Sipakapense, que conglomera a estudiantes, profesionales autoridades comunitarias y organizaciones de pequeños empresarios.
Este frente de resistencia participa en protestas y movilizaciones en el altiplano y costa del departamento de San Marcos, se movilizan en contra de las empresas transnacionales con énfasis en las empresas de producción y distribución de energía eléctrica que han sido concesionadas, tras las privatizaciones del gobierno de Arzú (mandato presidencial del 14 de enero de 1996 al 14 de enero de 2000), a la empresa española Unión Fenosa, movimiento que en la actualidad ha aportado sangre de sus dirigentes y militantes gracias a la persecución y espionaje de los aparatos represivos del Estado y las empresas privadas de seguridad[1] financiadas por Unión Fenosa.
Dentro de esta resistencia a la implantación de los modelos extractivos neoliberales, surge la dialéctica heredada de la guerra de los grupos que apoyan y favorecen la entrada de las transnacionales, que son los ex patrulleros de autodefensa civil organización terrorista creada en el Gobierno del general Efraín Ríos Montt y que siguen manteniendo una influencia de corte ideológico y político de la derecha fundamentalista en la política interna de Guatemala convirtiéndose en los guardianes del capital transnacional a cambio de migajas y vanos reconocimientos por su papel histórico de verdugo del pueblo, los comisionados militares en contubernio con la clase política, es decir, los alcaldes y autoridades que percibieron regalías a base de sobornos de la transnacional para engañar y manipular a la población. A ello debe sumarse el factor, también conflictivo, que tiene que ver con el desvió de ríos que tanta violencia está generando en la actualidad. Una de sus más graves o serias consecuencias puede ser que las comunidades de San Miguel Ixtahuacán se conviertan literalmente en un “desierto” los próximos años.
Autor: Programa de Investigacion Socioambiental.
[1] Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), ya que, según investigaciones de la CICIG, son estructuras paralelas, pero que al mismo tiempo han ocupado puestos claves en el gobierno, pueden guardar relación con estas empresas. https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/09/11/los-ciacs-al-mando-del-gobierno/