La microregión Chocabj, Sibinal, San Marcos fue declarada en 2004 como parque municipal y área protegida Canjulá. También fueron declaradas áreas protegidas las comunidades de Yalú, Chocabj, Tochactzé, Toliná, Tibancuche y Nuevas Maravillas. 

Los vecinos de estas comunidades aseguran que la municipalidad, gobierno y varias organizaciones buscan apropiarse del territorio que ellos han cuidado por años para la construcción de las instalaciones turísticas en el cerro Canjulá y Faldas del Volcán Tacaná.

Faustino Hilario López residente y abuelo de la comunidad detalló que en Canjulá hay hay una catarata que mide 138 metros de altura. Grandes extensiones de bosques y aves como el Quetzal y pavo de cacho.  “Nosotros aquí vivimos en este lugar, la municipalidad quiere invadir, así como otras organizaciones, por esto estamos en lucha” relata el abuelo. 

Las comunidades están en las faldas del volcán Tacaná. La aldea de Chocabj cuenta con seis comunidades que han reforestado los bosques para su conservación. Aseguran que las autoridades se quieren aprovechar de los bienes naturales que existen en el lugar. 

Los abuelos del pueblo maya mam detallaron que ellos cuentan con los títulos de la propiedad, por lo que han iniciado el proceso legal para su recuperación y conservación. 

Desde que se declaró área protegida la microrregión, las comunidades han tenido dificultad para transitar pues deben pagar para cruzar la reserva. Asimismo, deben cargar a los enfermos para caminar siete kilómetros a la cabecera y cargar sus productos de la agricultura a raíz de la privatización.

Los vecinos recuerdan que el lugar era cuidado por ellos y la reforestación lo realizaban a cada cierto tiempo, también utilizaban los recursos para para pastorear sus ovejas, para extraer broza y leña. 

En 1892, el Gobierno de Guatemala adjudicó a las comunidades la microrregión en el lugar conocido como Canjulá, en ese momento decidieron que la conservación se dé en forma comunal. La municipalidad quedó encargada de una posterior distribución equitativa de la tierra entre las familias que habitan Chocab’j, proceso que nunca se llevó a cabo. 

El Concejo Municipal del municipio de Sibinal, departamento de San Marcos, en fecha 28 de abril de 2004 por medio de acta número: 019-2004, declaró Parque Municipal de Sibinal, San Marcos, las áreas de Canjulá, Faldas del Volcán Tacaná, los Maijones y Tepocate. Esto a pesar que las comunidades contaban con el derecho de administrar su propio territorio. 

“Los bosques nosotros lo sembramos, hicimos un campo demostrativo y luego de 20  años la municipalidad se apropió de las tierras. Ahora quiere ser dueño” detalló Abigail Gonzalez, uno de los afectados. 

“Cuando un vecino de la comunidad quería su licencia de tala, se tenía que consensuar con todos para el visto bueno, porque el compromiso era reforestar. La municipalidad no nos toma en cuenta” informó Juventino Vásquez. 

“Cuidar, velar y proteger todo lo que nos da vida” es su lema

“Desvalorizan nuestra cultura ahora estamos perjudicados por la falta de identidad. El Sistema se quiere apropiar de nuestros bienes. Nos han despojado la autonomía” denunció Álvaro López, alcalde comunitario.

Remarca que gracias a la naturaleza hay vida. Junto a compañeros de la comunidad, se han organizado y ahora conforman una comisión para defender el territorio.

Por medio de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya, se iniciaron las acciones administrativas ante el Concejo Municipal y judicial, haciendo uso de la acción constitucional de Amparo; en ambas vías busca el reconocimiento del título otorgado a favor de las comunidades indígenas sobre su territorio.

A respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) por medio del caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat vs Argentina, estableció en cuanto al fondo de la sentencia dictada que: “…el Tribunal recordó que el derecho de propiedad comprende, en relación con pueblos indígenas, la propiedad comunal de sus tierras.

Señaló que la posesión tradicional de las mismas por parte de las comunidades indígenas debería bastar para el reconocimiento oficial de la propiedad. Dejó sentado que el Estado debe dar seguridad jurídica al derecho, dando un título jurídico que lo haga oponible ante las propias autoridades o a terceros y asegurando el goce pacífico de la propiedad, sin interferencia de externa de terceros”

 En 2018, representantes de la Microrregión de Chocabj reclaman a través de una acción constitucional promovida ante el Juzgado de Primera Instancia Civil, Económico y Coactivo en San Marcos, el proceso fue enviado al juzgado de Primera Instancia Civil del municipio de Ixchiguán para tener respuesta sobre las acciones promovidas contra el concejo municipal en 2004, pues había pasado cuatro años y no tenía respuestas concretas sobre su petición.

Fue hasta en junio de 2019, cuando se emite la primera resolución del Tribunal que en su resolución admite el trámite la acción constitucional de amparo, 12006-2018-00764, se niega el amparo provisional, y manda al concejo municipal a presentar documentación de los antecedentes de la solicitud, o en su defecto envíe un informe circunstanciado sobre el trámite, dando un plazo de 96 horas. Pasaron tres meses y los líderes continuaron con la agobiante espera. En este mes de julio se cumple un año desde que se celebró la última audiencia del caso. 

Los comunitarios han denunciado ser víctimas, no solo de los despojos de tierras ancestrales, sino del sistema de justicia que ha sido tardado y burocrático. Incluso los trabajadores del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del municipio de Ixchiguán. En mayo de este año, se les cerró las puertas de las instalaciones, cuando llegaron al lugar para pedir información sobre los amparos por la recuperación de los bienes comunales.

Denuncian ser víctimas del Estado y el Sistema de Justicia por su lucha para la recuperación de sus tierras que por derecho les corresponde. 

Exigir derecho sobre la tierra es un derecho colectivo #NoEsUnCrimen