El 4 de noviembre de 2018, un grupo de vecinos y autoridades tomaron de forma pacífica las instalaciones del Centro Comunal de Patzún -CECOPA-, en Patzún, Chimaltenango; a raíz de ello un grupo de 15 personas fueron criminalizadas y ligadas a un proceso penal.
Trece de ellos fueron ligados a proceso penal el 5 de abril de 2019 por los delitos de allanamiento con agravaciones específicas, coacción y usurpación agravada; mientras que dos más fueron notificados el 27 de septiembre de 2020, por los delitos de coacción y usurpación agravada.
Sobre el Centro Comunal de Patzún
Para comprender la lucha por la recuperación de este centro comunal nos remontamos a la época previa a la década de los 70. CECOPA era denominada Casa Real, una institución colonial donde autoridades kaqchikeles desempeñaban sus funciones y se encargaban de sostener el lugar como centro de acopio, descanso y también para resguardar imágenes de la cofradía, pero la estructura sufrió grandes daños durante el terremoto de 1976, por lo que vecinos y vecinas de Patzún lograron la creación de este centro comunal, con el apoyo de la cooperación de Noruega, para el desarrollo socioeconómico y cultural del municipio, considerado propiedad del pueblo, según el Acuerdo Gubernativo No. 189-84.
Sandra Xinico, quien también fue criminalizada por el mismo caso y a quien luego se le decretó falta de mérito, cuenta que la construcción se hizo en un espacio considerado como bien comunitario, con la idea de fortalecer la identidad del pueblo kaqchikel de Patzún, siendo un espacio de encuentro para las personas y la promoción de la organización comunitaria.
Durante los primeros diez años, los proyectos educativos, sociales y culturales respondían a las necesidades del pueblo; sin embargo, durante los últimos 20 años el centro quedó en manos de personas que lo privatizaron, convirtiéndolo en un negocio particular.
Esto motivó la defensa del lugar, siendo las principales consignas que no hubo transparencia en procesos de elección, la Junta Directiva no se renovó y solo rotaban los puestos sin abrir espacio a los pobladores. Además, actuaron en contra de los estatutos realizando actos de corrupción debido a que los beneficios solo fueron para los encargados de la administración.
Persecución a los defensores
Para evitar que la nueva junta directiva recuperara el espacio, los exdirigentes de CECOPA actuaron presentando una denuncia en el Ministerio Público y los procesos se gestionaron en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chimaltenango. Al grupo de 13 personas se les envió a juicio; y a las otras 2 se les diligenció una audiencia de reforma del auto del procesamiento el 4 de febrero de 2020.
Durante la etapa intermedia de ambos casos, a las 13 personas se les benefició con arresto domiciliario sin vigilancia alguna y la obligación de presentarse a firmar cada ocho días al Juzgado de Paz, mientras que a las y los otros se les envió a juicio.
Ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Chimaltenango, se solicitó la acumulación del debate oral de ambos casos para que sean conocidos en un mismo juicio, debido a que se trata de los mismos hechos y delitos señalados.
Las personas criminalizadas por la lucha de recuperar el espacio siempre han mencionado que la situación pudo resolverse de una forma comunitaria, evitando el conflicto entre vecinas y vecinos, debido a que la criminalización busca deshacer esta lucha que trabaja por reconstruir el sentido comunitario de CECOPA.
La connotación histórica de este edificio y su esencia es el sentido de pertenencia e identificación del pueblo kaqchikel, por lo que cualquier proceso penal donde intervengan entidades gubernamentales solo atrasa y detiene la intención de las personas que buscan recuperar lo que les pertenece. El caso no ha podido ser resuelto desde que fue conocido por el sistema judicial estatal, sobre todo porque no existe una amplia comprensión sobre la dinámica territorial y comunal de los Pueblos Indígenas en Guatemala, pese a que se han hecho investigaciones, dictámenes y/o peritajes sobre los casos a nivel nacional, que hasta el momento han sido rechazados en los procesos.
El sentido de pertenencia, los bienes comunes, la iniciativa de hacer comunidad a través de proyectos sociales y culturales en ningún momento puede ser considerado un crimen. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a conservar sus formas de organización e instituciones propias.
Defender un bien comunal #NoEsUnCrimen