Fausto Sánchez Robledo es líder del pueblo Maya Mam del caserío Nueva Jerusalén, San Pablo, San Marcos. Fue criminalizado por defender los bienes comunes naturales y el territorio ante los intentos de imposición de una hidroeléctrica de la empresa Hidro Salá. S. A. El proceso judicial en su contra duró dos años y tres meses, finalmente, fue absuelto por falta de pruebas por los delitos de plagio/ secuestro y asociación ilícita.
La lucha de Sánchez Robledo comenzó en el año 2007, cuando era alcalde comunitario, mismo año en que la empresa Hidro Salá S.A. se instaló en la comunidad. La empresa se identificó inicialmente como una fábrica de plástico, táctica que utilizó para hacerle creer a la población que se generaría trabajo en esa industria.
Los documentos que las comunidades obtuvieron posteriormente es que la empresa iba a trabajar para generar energía eléctrica en la finca Argentina de esta localidad.
“No vinieron a hablar con la verdad, sino que manipularon a la población. La comunidad manifestó su inconformidad con marchas y concentraciones en el parque central del municipio” relata Sánchez.
El líder comunitario asegura que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) forma parte del ordenamiento jurídico del país por lo tanto la consulta a los pueblos originarios sobre las empresas que se establecen en sus comunidades es constitucional y se debe realizar.
La persecución contra Sánchez Roblero avanzó penalmente en 2014 cuando fue señalado por el Ministerio Público (MP) por plagio o secuestro y asociación ilícita. El MP asegura que era el líder de una banda que operaba en el sector.
“El MP me señaló que yo era el segundo cabecilla de la estructura criminal que operaba en San Pablo. Las entidades públicas operaron contra nosotros en vez de darnos una respuesta real tal como nos corresponde como pueblos originarios y ciudadanos guatemaltecos” dijo el líder comunitario.
Sánchez Robledo fue detenido el 10 de diciembre de 2014, señalado en dos casos, plagio/ secuestro y asociación ilícita, permaneciendo encarcelado alrededor de 820 días.
Luego se presentó el segundo caso en su contra. El 17 de agosto de 2015 inició el debate en el primer caso y el 6 junio de 2016 empezó en el segundo caso.
En el primer caso obtuvo una sentencia absolutoria el 18 de agosto de 2016. La otra sentencia la recibió tres meses después por lo que no fue hasta el 10 de marzo de 2020 que recuperó su libertad.
El inicio del debate de los procesos penales en su contra en repetidas ocasiones fueron suspendidos, lo que representa la falta de diligencia en el proceso.
En búsqueda de una reparación
Derivado de los procesos de criminalización de los cuales fue víctima Sánchez, junto al Consejo del Pueblo Maya inició en 2017 la búsqueda de una reparación, dándose una incidencia a nivel nacional e internacional, primero con la interposición de denuncias penales en 2017 y 2018 en contra de funcionarios de justicia y empleados de la empresa que montaron el proceso penal ilegítimo en contra.
Debido al estancamiento de la denuncia y la demora del MP para investigar el señalamiento de Sánchez se realizó un proceso de incidencia a nivel internacional para informar la situación que vivió en la audiencia temática denominada: Violación de los derechos humanos a personas defensoras en Guatemala que se llevó a cabo en Quito, Ecuador.
El caso de Sánchez Roblero representa la creciente criminalización contra defensores de derechos humanos en el país, por lo tanto surge la obligatoriedad de análisis tanto por las instancias estatales, instancias internacionales como actores de sociedad civil en general en relación a procesos de reparación para las personas criminalizadas.
En el proceso de reparación se busca el reconocimiento de una violación de los derechos humanos, restitución integral en la medida posible a la situación anterior a la violación de los derechos humanos, mejorar condiciones y redignificación de las víctimas de procesos de criminalización.
Sin sanciones
En el informe de 2019 de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que varios de los casos contra personas defensoras de derechos humanos han sido clausurados o llegaron a una sentencia absolutoria. Sin embargo, no ha habido sanciones contra las empresas privadas que presentan denuncias infundadas, ni contra los operadores de justicia que le dan seguimiento a los casos aún contra la normativa y procedimientos nacionales. Asimismo, resaltó que no ha habido reparación para las personas involucradas, a pesar de los impactos negativos causados.
La criminalización provoca daños a nivel personal y familiar de los defensores de derechos, y a nivel de tejido social, de los cuales el Estado no se hace responsable.
Defender el territorio #NoEsUnCrimen
